Depositos bancarios

Ahora que se acercan las elecciones generales, los diferentes partidos políticos están tomando posiciones para captar la atención de su electorado y el PSOE por su parte se ha lanzado hacia la caza de su votante más de izquierda, al que ha ido perdiendo a medida que se ha visto obligado a tomar diferentes decisiones de cariz más liberal, según le han ido marcando desde los mercados internacionales.

Por ello, y aunque se traten de decisiones autonómicas, el PSOE quiere aprovechar la cobertura mediática para hacer llegar a la ciudadanía su interés por el empleo y su convicción de que el sector financiero debe de colaborar en la recuperación del empleo en nuestro país, y concretamente a través del Impuesto sobre Depósitos Bancarios.

Recordemos que el Impuesto sobre Depósitos Bancarios es un impuesto que diferentes comunidades autónomas están cargando a las entidades financieras con sede en sus regiones en forma de porcentaje sobre los depósitos que acumulan en sus balances, para paliar así la reducción de ingresos que han sufrido los diferentes gobiernos autonómicos.

Pues bien, desde hace unos meses el PSOE está planteando en los diferentes parlamentos autonómicos la necesidad de que este Impuesto sobre Depósitos Bancarios sea utilizado para conformar un plan de choque contra el desempleo, de manera que la cantidad recaudada no tenga otro uso más que fomentar la creación de empleo a todos los niveles.

Sin embargo, el Partido Popular está rechazando esta medida de raíz, porque apuesta más por la libertad de acción con esta partida de ingresos, de manera que no tenga que estar necesariamente limitada a la creación de empleo a través de la contratación de personas desempleadas, sino que que puedan crear empleo de una manera más indirecta, a través de las inversiones de os propios gobiernos autonómicos.

En definitiva, no se trata más que de un debate electoralista, aunque se esté realizando en sede autonómica.

Parece que los depósitos bancarios, y la guerra que los puso en primera línea de juego, han quedado atrás dejando vía libre para la nueva guerra que se nos avecina, la guerra de los pagarés, ya que este producto financiero ha pasado a convertirse en la verdadera estrella de los mercados financieros, en el afán de las entidades por captar la mayor cantidad de fondos posibles de los mercados minoristas.

Y es que en apenas tres semanas, las que van desde el 1 de octubre hasta ahora, ya se han emitido un total de 7.665 millones de euros en pagarés, con siete bancos siendo los más activos en esta materia, como son el Banco Santander, Bankia, BBVA, Banco Sabadell, CaixaBank, Banco Popular , y el Banco Pastor.

Para que nos podamos hacer una idea de la importancia de esta cifra y de la necesidad de liquidez que acucia a las entidades financieras, se trata de más del doble de lo que consiguió captar Bankia en su salida a bolsa, lo que pone de manifiesto que la liquidez real se encuentra en los mercados minoristas y no en los mayoristas.

Recordemos que la principal causa de este trasvase de intereses de las entidades financieras desde los depósitos bancarios a los pagarés viene determinada por el Decreto del Gobierno que penaliza el exceso de rentabilidad de los segundos, lo cuál ha hecho que muchas entidades hayan preferido apostar por una opción mucho más económica para ellas, y que pueda otorgar la misma captación de liquidez.

No podemos olvidar, sin embargo, que de cara al consumidor final, los pagarés tienen muchas menos garantías que los depósitos bancarios, ya que éstos están garantizados al 100%, hasta un máximo de 100.000 euros, por las administraciones públicas, mientras que los pagarés no lo están, con lo que en caso de dificultades de la entidad es el particular el que arriesga su dinero.

Justo ahora que la guerra del pasivo parecía volver por sus cauces habituales nos aparece la guerra de los pagarés como una alternativa a la que nos tenemos que aferrar, porque las entidades financieras parecen haber encontrado en esta figura financiera un vía de escape ante las penalizaciones a las que se ven sometidos por los depósitos bancarios tradicionales.

Y el ejemplo más claro es el Banco Popular, que tras haber dinamitado el mercado con su depósito Gasol, ahora que éste llega a su fin lanza sus pagarés agresivos en busca del mercado inicial para poder mantenerlo en el medio-largo plazo. Estos pagarés ofrecidos por el Banco Popular ofrecen un tipo de interés del 3,65% a 12 meses, con lo que se acercan en gran medida al interés que venían ofreciendo en sus depósitos bancarios.

La inversión mínima para estos pagarés del Banco Popular será de 5.000 euros, y con el tipo de interés que ha fijado mejora el tipo ofrecido por el resto de entidades financieras, que hasta ahora se habían movido sobre el 3,50%, con lo que nos encontramos con una mejora sustancial.

Sin embargo, no podemos olvidar que los pagarés son más ventajosos para las entidades que para los clientes, ya que a las primeras les salva de tener que pagar la penalización del Fondo de Garantía, pero a los segundos les resta la garantía de hasta 100.000 euros que este mismo fondo aporta.

Hay que recordar que en el caso de que la entidad emisora del pagaré entrara en dificultades económicas graves, el cliente no tiene ninguna posibilidad de recobrar su dinero, más allá de los mecanismo que tenga previstos la propia entidad financiera, con lo que contienen un riesgo inherente que debe de ser tenido en cuenta a la hora de decantarse por esta oferta de pagarés que ahora parece empezar a ponerse de moda.

Elena Salgado, Ministra de Economía, tuvo que defender este pasado jueves ante la Comisión permanente del Congreso de los Diputados el proyecto de ley de la unificación del Fondo de Garantía de Depósitos, consiguiendo así la aprobación necesaria para que este proyecto pase al BOE antes de las elecciones generales.

Un Fondo de Garantía de Depósitos único que fusiona los tres fondos que había hasta ahora para contar, inicialmente, con un patrimonio conjunto de 6.593 millones de euros a través de las aportaciones de las entidades de depósito, como son bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, con una mayor aportación de los bancos.

De hecho una de las principales críticas que ha recibido esta medida del gobierno ha venido por parte de los bancos que se consideran perjudicados por ella, ya que tienen que aportar una cantidad mayor de dinero para conseguir que las cajas de ahorro puedan garantizar los depósitos de sus clientes a pesar de los procesos de reestructuración a los que se están viendo sometidos en los últimos meses.

El mayor problema, sin embargo, radica en que esta propuesta del Gobierno llega en mal momento para el sector financiero que se ha encontrado de repente con el grave problema de la quita de la deuda griega, que provocará, sin duda, la necesidad de recapitalización para las principales entidades financieras de la zona Euro.

Porque los Ministros de Economía y Finanzas de la zona Euro ya han acordado la quita del 50% de la deuda griega, lo cuál afectará directamente a todas aquellas entidades en las que su balance esté condicionado fuertemente por la deuda del país heleno, que son las principales de cada país miembro.

Habrá que ver, por tanto, como esta medida, en principio beneficiosa para el consumidor, acaba afectando a las entidades financieras en el medio-largo plazo.

Los depósitos bancarios se han convertido en un auténtico negocio para las entidades financieras, no tanto por la rentabilidad que tienen que conceder que es demasiado elevada, teniendo en cuenta los tiempos que corren, pero sí desde el punto de vista de la liquidez que están consiguiendo obtener con ella.

Y es que gracias a los depósitos bancarios las entidades financieras están obteniendo la liquidez que les niegan los mercados internacionales. Recurriendo a los mercados minoristas, las entidades financieras están pudiendo hacer frente a los pagos con los que se encuentran de manera recurrente.

Por ello, muchas entidades financieras han apostado por ofrecer rentabilidades por encima del 4% a pesar de encontrarse con el tope del 3,15% marcado por el Gobierno para proteger la propia sostenibilidad de las entidades financieras, y teniendo que, por tanto, pagar más al Fondo de Garantía de Depósitos.

Aún así, las entidades se encuentran con que les compensa pagar esta penalización en contra de lo que se pudiera pensar en un primer momento, ya que el apalancamiento financiero es tal que no tienen otra alternativa más que apostar por la lucha de los depósitos bancarios.

Unos depósitos bancarios que han comenzado a ser vistos con mejores ojos por parte de los ahorradores, que ahora ya no se atreven a lanzarse a la caza de las grandes rentabilidades de otros productos de mayor riesgo, sino que prefieren refugiarse en la seguridad de los depósitos, que garantizan el capital aportado bajo cualquier circunstancia, con la garantía doble de las propias autoridades públicas.

En este sentido, los depósitos siguen por delante de los ahora de moda pagarés, gracias a esta garantía máxima, y por supuesto, muy por delante de las inversiones en bolsa, totalmente repudiadas por los ahorradores en estos momentos de incertidumbres financieras máximas, en las que nadie sabe a lo que atenerse.

Parece que las instituciones financieras internacionales siguen preocupadas por la situación económica de la eurozona y esta vez ha sido el Fondo Monetario Internacional el que ha exigido a la Unión Europea un seguro de depósitos unificado que se establezca por igual para todos los países miembros.

Y es que según el análisis del FMI, las diferentes legislaciones aplicable en los diferentes países de la zona Euro provoca incoherencias globales que están espoleando la crisis de la deuda soberana, permitiendo a los especuladores obtener beneficio de estas diferencias.

Desde los órganos de decisión del FMI consideran que este sería un paso previo para la instauración de una política económica y fiscal consensuada dentro de la zona Euro, de manera que la unión monetaria se viera apoyada de manera firme por la unión fiscal, con lo que todos los países irían en la misma dirección.

Sin embargo, los países miembros de la zona Euro no parecen estar muy por la labor de ceder su soberanía hasta esos extremos y prefieren, al menos de momento, mantener un cuota de independencia y autonomía para tomar las decisiones referentes  a sus propios países y a sus propias finanzas.

Una autonomía que es más ficticia que real, porque no podemos olvidar que todas las decisiones económicas tomadas dentro del seno de la zona Euro vienen determinadas, en gran medida, por la senda tomada por el Banco Central Europeo, que es el organismo que acaba por determinar los caminos a tomar.

Lo que es evidente es que si la zona Euro quiere mantenerse como un bloque estable ante los retos del futuro, no puede hacer otra cosa más que avanzar en la integración y apostar definitivamente por una unión fiscal, la cuál puede comenzar, sin duda, por la unidad en todo lo que se refiere a la legislación bancaria.

Tras el anuncio de la medida hace unas semanas, el Consejo de Ministros aprobó ayer la unificación de los fondos de garantía de depósitos de bancos, cajas y cooperativas, con el objetivo último de que sea el sector financiero el que asuma los costes y las pérdidas en las que pueda incurrir el Estado a la hora de rescatar a las cajas de ahorro con problemas, y evitar así que sea el ciudadano el que tenga que asumir el pago de los rescates.

El patrimonio que tendrá el fondo de garantía unificado será de 6.593 millones de euros, y penalizará indirectamente a los bancos, ya que tendrán que enfrentarse al pago del rescate de las cajas de ahorro sin recibir ninguna compensación nueva a su favor, con lo que aporta para no beneficiarse.

En este sentido, ha habido numerosas quejas por parte de los portavoces de los bancos que consideran injusta una situación en la que las cajas de ahorro, que son las que han creado el problema, aporten menos que los bancos, saneados en su mayoría, pero el Gobierno ya ha advertido que no tiene prevista la modificación del sistema de dotaciones a este fondo de garantía de depósitos unificado.

Elena Salgado, Ministra de Economía, se ha defendido de estas quejas alegando que el sistema financiero es único y que al final todo él se beneficiará del fondo de garantía de depósitos unificado. Además, Salgado ha recordado que la máxima aportación de cada entidad sería del 2 por mil del total de sus depósitos, por lo que ninguna se verá fuertemente perjudicada.

En definitiva, se trata de una medida que intenta proteger al consumidor de los abusos de las entidades financieras, de forma que no tenga que hacer frente a un rescate del que no tiene la culpa.

¿Tú qué opinas?

Hace unas semanas nos hacíamos eco de la nueva estrategia de las entidades financieras españolas de sustituir sus depósitos bancarios, penalizados por las mayores aportaciones al Fondo de Garantía de los Depósitos, por los pagarés bancarios, libres de penalización y con una rentabilidad muy similar para los consumidores.

Pero, ¿qué son exactamente los pagarés bancarios?

No son más que títulos financieros de renta fija a un plazo determinado, el cuál viene fijado entre un mes y dos años, habitualmente. Una vez transcurrido el plazo determinado en el pagaré, el cliente recibirá el capital aportado y los intereses determinados en el momento de la firma del pagaré.

¿Cuáles son las principales diferencias con los depósitos?

Aunque son productos que, desde el punto de vista del consumidor, son muy similares en cuanto a las consecuencias monetarias que producen, lo cierto es que presentan algunas diferencias:

- Rentabilidad: Por ahora los depósitos bancarios siguen ofreciendo una mayor rentabilidad que los pagarés bancarios, aunque no es descartable que en el corto plazo esta situación acabe por revertirse.

- Cancelación anticipada: Sin importar el momento de la cancelación, el depósito bancario garantiza el capital invertido al 100%. El pagaré, al ser un título de renta fija, valdrá, si se cancela antes, el precio que se obtenga en el mercado secundario, con lo que es muy probable que se acabe recuperando una cantidad menor que la aportada.

- Garantía: Los depósitos bancarios están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, por lo que hasta un máximo de 100.000 euros los ahorradores tienen todo su dinero garantizado. Los pagarés, por su parte, sólo son garantizados por el banco en cuestión, por lo que si éste quiebra perderíamos todo nuestro dinero.

En definitiva, los depósitos bancarios siguen teniendo a su favor la absoluta garantía que ofrecen sobre el capital, con una rentabilidad que, hoy por hoy, todavía es mayor, por lo que desde el punto de vista del consumidor, un depósito bancario siempre sería mejor que un pagaré.

A raíz de los últimos escándalos que se han venido repitiendo en el sector de las Cajas de Ahorro españolas, con los consejeros que llevaron a las entidades a la ruina saliendo por la puerta de atrás pero con indemnizaciones millonarias, fuera de toda lógica económica y carentes de toda ética personal, el Banco de España ha pasado a estar en el ojo del huracán.

Y es que muchos agentes económico y sociales comienzan a preguntarse por la labor que está llevando a cabo el máximo organismo de supervisión financiera al no haber sido capaz de evitar estos desmanes producidos en estas entidades financiadas, en gran parte, por dinero público y con políticos y sindicatos en sus Consejos de Administración.

El último escándalo ha sido el de la CAM, pero a éste le han precedido otros, como el de NovaCaixaGalicia, y el de CCM, siendo probable que en los próximos meses nos enteremos de alguno más. Escándalos, todos ellos, con un denominador común, como es el de Consejeros que se incrementan el sueldo los días previos a la intervención judicial o a la fusión con otras entidades, de manera que blindan su posible salida.

No podemos olvidar que la indemnización es siempre un porcentaje del sueldo que se disfrute, por lo que al incrementarse el sueldo de manera fraudulenta antes de que se produzca la intervención, consiguen que su indemnización esté blindada ante posibles modificaciones posteriores.

El problema es que el Banco de España debió de estar vigilante a esta situación y debió controlar a su debido tiempo las percepciones salariales de estos consejeros que se han aprovechado de la buena voluntad de los ciudadanos que siguen dispuestos a ayudar a sus entidades financieras para obtener un beneficio en el medio-largo plazo.

Y lo que más ha llamado la atención a la opinión pública es que Miguel Ángel Fernández Ordoñez, Gobernador del Banco de España, se hubiera dedicado durante tantos y tantos meses a dar lecciones de como salir de la crisis, cuando él mismo no era capaz de ejecutar la labor encomendada de manera correcta.

¿Y tú qué opinas? ¿De quién es la culpa de los escándalos de las cajas?

En una de las últimas decisiones ejecutivas, el actual Gobierno de Zapatero acaba de anunciar que unificará los fondos de garantía de depósitos de bancos, cajas y cooperativas de crédito para que el sector financiero en su conjunto asuma los costes de una potencial reestructuración del sector.

De esta manera, a partir de ahora sólo habrá un fondo de garantía de depósitos para todo el sector financiero que se encargará de garantizar los depósitos de los ciudadanos hasta un valor máximo de 100.000 euros, a partir de cuya cantidad los riesgos correrán a cargo del propio interesado.

La idea de esta unificación, según las palabras de la propia Ministra de Economía, Elena Salgado, que ha sido la encargada de diseñar esta estrategia, es conseguir que este fondo se pueda utilizar para dotar de recursos líquidos a las entidades en caso de que se produzca una reestructuración general, sin que el contribuyente tenga que aportar de su propio bolsillo.

Desde el mismo momento de la unificación de todos los Fondos de Garantía, las aportaciones de las entidades se utilizarán a su vez para poveer de garantías al FROB, de manera que serán las propias entidades las que se autofinancien con porcentajes sobre los depósitos bancarios, sin que tengan que tirar del dinero público a través de los impuestos o similares.

Sorprende, de todas formas, que el Ejecutivo haya tomado una decisión de tanto calado en los últimos momentos de la legislatura, ya que se esperaba que de aquí hasta el 20 de noviembre todas las decisiones fueran puramente burocráticas y administrativas sin realizar ningún cambio drástico en el ordenamiento jurídico.

Parece, por tanto, una nueva decisión dictada por los mercados internacionales y ante la que el gobierno poco o nada ha podido hacer, aunque desde el punto de vista del consumidor es una gran noticia que el dinero público no se vaya a utilizar para salvar a más bancos.