La Guardia Civil ha recuperado más de dos millones de euros en depósitos bancarios fraudulentos colocados en Andorra, cuando el Principado era un paraíso fiscal, procedentes de la corrupción inmobiliaria en la Comunidad Valenciana, y concretamente en el municipio de Llíber, desde el que Amador Signes había desviado dicha cantidad tras la venta ilegal de más de 300 chalés.
Esta operación policial pone de manifiesto la sobrevenida colaboración de Andorra con las pesquisas policiales para poder obtener información sobre todas las tramas de corrupción que se han venido llevando a cabo en nuestro país durante los años de burbuja inmobiliaria y que culminaron con la formalización de depósitos bancarios fraudulentos en varios paraísos fiscales, destacando Andorra por su cercanía con España.
Y es que estos depósitos bancarios fraudulentos eran la forma que tenía la corrupción inmobiliaria española de sacar el dinero de nuestro país y mantenerlo a salvo de posibles procesos judiciales, de forma que a pesar de estar condenados por sus delitos, al finalizar su proceso carcelario podían acceder a sus cuentas y disfrutar de todo el dinero que habían robado a los contribuyentes con sus procesos corruptos.
Ahora, sin embargo, el escenario ha cambiado, y gracias a las leyes internacionales en contra de los paraísos fiscales, estos lugares están en la obligación de informar a las autoridades competentes sobre depósitos bancarios fraudulentos, o cualquier otro producto financiero sospechosos de serlo, en caso de investigación judicial.
Con ello se ha ganado en colaboración entre los países, y en seguridad jurídica de las sociedades, que pueden estar seguros de que las tramas de corrupción que son desmontadas por las autoridades policiales no se benefician posteriormente del dinero que han conseguido robar haciendo valer sus depósitos bancarios fraudulentos.
Seguro que esta operación de la Guardia Civil que ha recuperado más de 2 millones de euros no es más que el principio de este tipo de operaciones.
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