Según ha anunciado el Gobierno central, no recurrirá el impuesto a los depósitos bancarios impuesto por la Junta de Andalucía, o al menos no lo hará hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencie sobre la denuncia que ha recibido contra este mismo impuesto aunque en Extremadura.
Para ponernos en antecedentes, se trataría de un porcentaje que las entidades financieras tendrían que abonar en forma de impuestos a la administración autonómica correspondiente, en función de la dirección fiscal que tuviera la sucursal que aceptó el depósito, pudiendo llegar hasta el 0,50% del total del capital.
En un principio, la administración central se había mostrado contraria a este impuesto ya que distorsionaba la unidad de mercado del territorio español, de forma que a un ciudadano le podría interesar más elegir un depósito en una Comunidad Autónoma o en otra, partiendo de la base lógica de que las entidades financieras acabarían por repercutir este exceso al propio ciudadano.
Lo cierto es que aunque puede ser una medida interesante en el sentido de que aportaría unos ingresos adicionales a las arcas públicas, muy deterioradas últimamente, debería de ser una medida realizada a nivel nacional, de manera que todos los ciudadanos se tuvieran que someter a la misma legislación, y no dejarlo en función de la región en la que se resida, lo cuál genera ineficiencias geográficas.
Habrá que esperar, por tanto, a que decida el Tribunal Constitucional sobre el impuesto extremeño para poder empezar a valorar lo que sucederá en el futuro con el andaluz, aunque todo apunta a que tanto la Junta de Extremadura como la de Andalucía han ejercido su derecho constitucional a legislar en función de las transferencias que han recibido del Estado Central. Otra cosa será replantearse hasta que punto es justo que eso siga sucediendo de esta manera o si habrá que cambiar la legislación al respecto.
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